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No son días fáciles para la cultura argentina, y el cine no está exento a esto: el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Luis Pirovano, confirmó los 170 despidos que hubo en la organización y, profundizó la política llevada adelante por el gobierno nacional que preside Javier Milei de ajuste y desfinanciación.

Entre las medidas que anunció el designado para liderar al instituto, sostuvo los despidos masivos entre trabajadores que realizaban tareas más de índole administrativos y también quienes estaban a cargo de comités y proyectos –que llegaban a un total de 170 contratos-. Por otra parte, la Asociación de Trabajadores del Estado –ATE-, el gremio que nuclea a los trabajadores, denunció un plan del nuevo mandamás que consiste tanto en la reducción de la planta del organismo como de achicamiento relacionado a su participación en festivales y proyecciones.

La privatización del canal Cine.Ar, el cierre de la plataforma de streaming que lleva su mismo nombre, la desfinanciación del Festival de Cine de Mar del Plata y la venta del cine Gaumont que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son algunas de las medidas restrictivas que anunció ATE,  tras algunas reuniones que el gremio tuvo con dirigentes del INCAA.

Las decisiones en términos numéricas respecto al achicamiento del Instituto encuentra sentido en los antecedentes de su nuevo presidente –asumiendo el cargo a fines de febrero-, ya que el currículum de Pirovano lejos está de las artes audiovisuales y más cercano a la economía, ejerciendo el cargo de profesor especializado en microeconomía, vicepresidente del banco BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y subsecretario de Inversiones en el gobierno porteño durante el 2007 y 2015.

Las políticas llevadas adelante generaron dudas en cineastas, cinéfilos en general y estudiantes de la carrera; éstos últimos inquietos por el futuro de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) –que en el proyecto de ley enviado al Congreso en diciembre pasado desligaba responsabilidades presupuestarias, lo que podía implicar su desaparición quienes encuentran en el achicamiento un vaciamiento al cine argentino.

Mientras el cine nacional recibe diversos premios por todo el globo y elogios para sus producciones de diferentes géneros, el potencial cierre de salas que fomentan diferentes largometrajes de nuestro país, generando un espacio no recurrente para su proyección, y que se especializan en la organización de festivales y ciclos a precios populares en muchas ocasiones, parece ir de la mano con las declaraciones mediáticas del Presidente de la Nación, poniendo el grito en el cielo sobre la cultura en términos mercantilistas, el rol del Estado en la misma y hasta enfrentándose públicamente con diferentes artistas.

Como ejemplo para tener en cuenta la amplitud de la cuestión, el festival que se celebra en noviembre en la ciudad de Mar del Plata es el único clase A en Latinoamérica, y si bien el gobierno no confirmó su cierre pero sí la posibilidad de desfinanciarla, haría realmente dificultosa su implementación en el mes de noviembre, perdiendo una plaza clave en el calendario de festivales.

A la espera de más novedades –desde el lado oficial aún no aseguraron dichas medidas aunque sí dieron a entenderla-, la incertidumbre por el futuro de nuestro cine es una realidad y pone en estado de alerta ante potenciales políticas que desprestigien el arte y la cultura.